Resumen en español

En Colombia se presenta con demasiada frecuencia el fenómeno de la corrupción, la cual permea las instituciones a nivel nacional y a los entes territoriales, “impidiendo el desarrollo y la inversión, creando escenarios de soborno y clientelismo, los cuales, impiden tener un sistema competitivo y proactivo; el ciudadano encuentra graves problemas relacionados con la ética y moral en el comportamiento de los empleados públicos, afectando el Estado, que debe tener un enfoque participativo y democrático” (Serrano, 2014, p.4). La corrupción viene a ser “la apropiación privada (indebida) de un bien público” (Gómez, citado en Martínez y Ramírez, 2006, p.149). Según Bejarano (Citado en Martínez y Ramírez, 2006, p.149), “...hay un acto de corrupción cuando una persona ilícitamente pone su interés personal por encima de los intereses generales que está obligado a servir. Aquí, hay que indicar que en Colombia existe el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993). Esta norma es de obligatorio cumplimiento, no solo para la administración central, sino, para todas las entidades ya sean del orden descentralizado, desconcentrado o delegado. Por lo anterior, las entidades territoriales como Gobernaciones, Distritos y Municipios, están en la obligación de realizar sus procesos contractuales cumpliendo con lo establecido en ella. Así mismo, entendiendo la gravedad del problema de la corrupción estatal, el legislativo promulgó un Estatuto anticorrupción por medio de la Ley 1474 de 2011, la cual debe ser del conocimiento de todos los servidores públicos. La presente intervención jurídica tiene justificación en el sentido que los servidores públicos, deben tener en consideración que, al celebrar contratos y durante la ejecución de los mismos, se busca el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (Scheller y Silva, 2017, p.7). Por lo anterior, el actuar de los servidores públicos debe ser diáfano, pues, en palabras de Medina (2010, citado en Scheller y Silva, 2017) la corrupción en la contratación pública se materializa a partir de una serie de actuaciones de distinta naturaleza que, o bien suponen la quiebra de la legalidad o bien la quiebra de la imparcialidad, pero que, en cualquier caso, implican la adopción, por parte de los servidores públicos, de decisiones que se desvían del objetivo propio de la actuación administrativa que es el interés general para obtener alguna clase de beneficio para sí o para un tercero. (p.7). El objetivo del presente proyecto de extensión es el de realizar una aproximación al Estatuto anticorrupción, en lo referente a las disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública definidas en el capítulo VII de la Ley 1474 de 2011. Metodológicamente, el planteamiento del trabajo de intervención jurídica, pretende confrontar a los funcionarios con funciones dentro de la contratación estatal, con la realidad de desarrollar actos de corrupción que lesionan el erario público e imposibilita una mayor eficacia del ente territorial en el cumplimiento de sus fines constitucionales, a través de la exposición de casos de corrupción y las consecuencias administrativas y penales que estos acarrean. Así mismo, la intervención iniciará con la aplicación de un instrumento como la encuesta, que permitirá recopilar la información pertinente con respecto al nivel de conocimiento en aspectos básicos de la contratación pública que deben ser tenidos en cuenta en la contratación estatal y que se encuentran consignados en la Ley 80 de 1993. La encuesta se aplicará a través de un formulario en Google forms, generando un archivo de (Excel 2013).