Resumen en español

En el país el conflicto armado ha estado presente desde hace décadas, aterrorizando a toda la población. Es un tema de nunca acabar en el cual los únicos que resultan como víctimas es la población civil, la cual a raíz de ese conflicto termina sin hogar, familia, con miedo y necesidades. El estado a partir del año 2011 presento la ley 1448 por medio de la cual establece un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas en beneficio de las víctimas del conflicto armado. Esto con el fin de brindarles una reparación monetaria y psicológica del hecho al cual fueron víctimas. Seguido a esto se oficializa en el año 2012 la unidad de atención y reparación integral para las víctimas, creada con el fin de realizar un acercamiento del estado con las victimas mediante un proceso de coordinación eficiente en el cual las víctimas sean partícipes en su proceso de reparación y así poder realizar una mejora en la calidad de vida de estas personas y que a su vez se conviertan en personas productivas para el país. Por medio de la unidad para las víctimas se manejan diversos planes sociales para ayudar con estudios, trabajos y viviendas a esta población abatida por el conflicto. Todo esto financiado por medio del fondo para la reparación integral a las víctimas el cual obtiene fondos provenientes por distintas fuentes de financiación ya sea el presupuesto nacional que establece el estado, donaciones nacionales o extranjeras destinadas a estas víctimas. Por consiguiente, este trabajo tiene como finalidad mostrar un análisis de forma detallada sobre los sistemas de información que son utilizados en el proceso de reparación integral de las víctimas y cuál es el proceso a llevar a cabo para la solicitud de estas ayudas. De igual forma como realiza la unidad la entrega de estas ayudas, como verifica las identidades de los usuarios y que otras entidades colaboran con ella para poder realizar un manejo apropiado de las bases de datos y la información personal de las víctimas. Teniendo en cuenta que los procesos deben ser realizados mediante términos de confidencialidad, lo que implica que los manejos de la información deban ser realizados solamente por funcionarios vinculados a la unidad para la atención a las víctimas.